Fiet Gratia

Condición de refugiadas en España para las víctimas de trata

Las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual, en su gran mayoría mujeres, deberían gozar de las mayores garantías que otorga nuestro ordenamiento jurídico. Merecen, sin duda, la protección más completa de las instituciones públicas del Estado social. Este fenómeno es una clara violación de derechos humanos. La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, reconoce a las víctimas de trata de seres humanos como “beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad”; situación que se materializa en un vago “tratamiento diferenciado [en cuanto a sus] solicitudes de protección internacional”. Esta disposición deja al arbitrio de la autoridad competente el conceder o no la protección completa del estatus de refugiadas en España a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. No es suficiente el otorgamiento de protección subsidiaria. 

La protección subsidiaria consiste en una zona gris en que se encuentra aquella persona a la que el Estado español, sin llegar a reconocerla como refugiada. Le otorga protección internacional cuando la víctima acredita el miedo fundado a que, en caso de ser devuelta a su país de origen, puede sufrir condena a pena de muerte, tortura o trato inhumano o degradante, amenazas contra la vida o la integridad física o psíquica o situaciones de violencia indiscriminada. En cuanto al estatus de refugiadas en España, si bien es cierto que la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967 solo reconoce su concesión por cinco motivos que no incluyen la persecución por motivos de género (raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política), el artículo 3 de la Ley 12/2009 abarca también como motivo de protección a los individuos, además de los extremos anteriormente mencionados, la persecución por motivos de género u orientación sexual.  

Es mediante una sólida y necesaria perspectiva de género como se llega a conclusión irrefutable de que, efectivamente, la trata con fines de explotación sexual es un fenómeno enraizado en la discriminación y persecución por motivo de género. De este modo, se eliminarían los obstáculos para su condición de refugiadas en España. 

Los motivos de necesaria alegación no se agotan en la situación de discriminación o persecución por género, por una especial vulnerabilidad de la mujer en los países de origen, también al miedo a las represalias en caso de retorno. No olvidemos la posible revictimización al volver a sus comunidades y ser rechazadas por lo que les ha ocurrido, incluso pueden volver a caer en las redes de los tratantes (véase la situación en Benin City, Nigeria).  

En definitiva, las fallas del procedimiento administrativo no solo se basan en el riesgo de denegación de la situación pretendida por los requisitos exigentes y carga probatoria depositada en el solicitante probablemente excesiva, sino también en la falta de recursos y conocimientos para la correcta identificación de estas personas de entre todas aquellas que esperan la concesión del estatus de refugiado, la falta de información o las altas expectativas de colaboración por parte de las víctimas.  

 El Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas (ICAT) emitió un resumen informativo (#3). Reconocían los diversos retos y desafíos a que se enfrentan los Estados a la hora de evaluar estas situaciones y tramitar los expedientes administrativos, además de los posibles hándicaps del interesado, recuerda la obligación de promover condiciones favorables para los solicitantes de asilo (procedimientos claros y accesibles, concienciación sobre posibles riesgos y minoración de los mismos, creación de oportunidades de educación y trabajo…) e insta a los Estados a brindar protección y asistencia efectiva a los refugiados.    

 La trata de personas con fines de explotación sexual es un problema complejo que requiere una aproximación interdisciplinar. Deben quedar los derechos humanos en el epicentro de toda respuesta y solución. Hemos de reconocer que la trata es un problema de esclavitud modernaUno de los abusos más serios de nuestro tiempo y causante de grandes brechas sociales. Así, solo concediendo una protección administrativa digna e íntegra, le daremos a este conflicto la importancia que merece y a las víctimas de trata las garantías a que tiene derecho. 

Mónica Mestanza González 

Estudiante de último año del Grado en Derecho. Ha realizado prácticas en el Despacho Solidario de Fiet Gratia a través de un Convenio con la Clínica Jurídica ICADE, de la Universidad Pontificia Comillas